Pobreza energética en España: del “pago de facturas” a la soberanía energética
Durante mucho tiempo, la pobreza energética se ha entendido como un problema silencioso que ocurría puertas adentro: hogares donde se apagaba la calefacción antes de tiempo, donde se evitaba encender el aire acondicionado pese al calor, o donde cada factura generaba incertidumbre. Sin embargo, hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja.
El aumento de las temperaturas extremas, la calidad energética de las viviendas y la forma en que producimos y distribuimos la energía están redefiniendo un fenómeno que ya afecta a millones de personas en España. Mientras las administraciones continúan desplegando ayudas para aliviar situaciones urgentes, empieza a surgir una pregunta de fondo: ¿es suficiente ayudar a pagar la energía o necesitamos cambiar la forma en la que la producimos y compartimos?
En este artículo exploramos cómo la pobreza energética está evolucionando en un contexto marcado por el cambio climático, qué límites tienen las soluciones actuales y cómo iniciativas como las comunidades energéticas, junto al papel clave del trabajo social, pueden abrir el camino hacia una transición energética más inclusiva.
La pobreza energética hoy: mucho más que no poder pagar la luz
La última actualización de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE 2019-2024) estima que entre 5 y 9 millones de personas en España se encuentran en situación de pobreza energética. Esta cifra refleja un problema estructural que va mucho más allá del impago de suministros.
Hablar de pobreza energética significa hablar de hogares que no alcanzan temperaturas adecuadas para vivir con dignidad, de viviendas mal aisladas que multiplican el consumo energético y también de lo que se conoce como pobreza energética escondida: situaciones en las que las personas reducen su consumo energético por miedo a no poder asumir el coste de la factura eléctrica, incluso cuando ello afecta directamente a su salud y bienestar.
Las soluciones actuales: necesarias, pero insuficientes
Actualmente, las políticas para combatir la pobreza energética se apoyan principalmente en tres grandes mecanismos de protección.
El primero es el Bono Social eléctrico y térmico, un sistema de descuentos en la factura energética dirigido a hogares vulnerables. Aunque representa una herramienta fundamental, presenta importantes limitaciones de alcance. Según un estudio de El Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, en 2022 casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no recibían el bono social eléctrico, situando su tasa de cobertura en apenas el 24,5%, aunque algo mayor en familias numerosas (45,5%).
A ello se suman las ayudas municipales destinadas al pago de facturas, gestionadas por los ayuntamientos, y las moratorias de corte de suministro, que impiden temporalmente la interrupción de servicios básicos como electricidad, agua o gas en hogares vulnerables.
Estas medidas cumplen una función esencial: evitar situaciones de emergencia social. Sin embargo, comparten una misma limitación: son respuestas temporales que no transforman las condiciones estructurales que generan la vulnerabilidad energética.
Y mientras estas políticas trataban de amortiguar el impacto económico de la energía, el contexto en el que se produce la pobreza energética empezó a cambiar rápidamente.
Cuando el cambio climático transforma la pobreza energética
Tradicionalmente, la pobreza energética se asociaba al invierno y a la incapacidad de calentar adecuadamente los hogares. Hoy, esa visión ha quedado obsoleta.
El cambio climático ha alterado profundamente esta realidad. En las últimas décadas, la intensidad y la duración de las olas de calor en la península ibérica han aumentado de forma significativa.
El impacto es tangible. Según el sistema de monitorización de mortalidad diaria MoMo, en 2025 se notificaron en España 6.039 muertes atribuibles a temperaturas extremas, de las cuales 3.850 por exceso y 2.189 por defecto.
Las personas en situación de pobreza energética sufren estas consecuencias de forma desproporcionada. Viviendas con peor aislamiento térmico, menor acceso a sistemas de climatización o la imposibilidad económica de utilizarlos provocan que el impacto del clima en su salud física y mental pueda llegar a ser hasta cinco veces mayor que en la población general.
Así, la pobreza energética deja de ser únicamente un problema económico para convertirse también en un desafío climático y de salud pública.
De pagar la energía a participar en ella: el papel de las comunidades energéticas
Si el problema ha evolucionado, las soluciones también deben hacerlo.
Desde la experiencia de Penta-C, especialmente a través del trabajo desarrollado en las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTCs), las comunidades energéticas emergen como una herramienta capaz de abordar la raíz del problema. No se trata únicamente de acceder a energía más asequible, sino de generar modelos colectivos donde vecinos y vecinas producen, gestionan y comparten energía renovable.
Este cambio tiene un impacto profundo: transforma la relación con la energía. Las personas dejan de depender exclusivamente de ayudas para afrontar las facturas y pasan a formar parte de soluciones colectivas que reducen la vulnerabilidad a largo plazo. En otras palabras, se trata de pasar de la vulnerabilidad energética a la participación energética.
Sin embargo, existe una paradoja evidente: aunque muchas comunidades energéticas tienen vocación inclusiva, la participación real de personas en situación de vulnerabilidad sigue siendo limitada. En la práctica, terminan participando con mayor frecuencia quienes cuentan con más recursos económicos o mayor acceso a información.
Para superar esta barrera, resulta imprescindible conectar el desarrollo energético con el acompañamiento social.
El trabajo social: la verdadera palanca de una transición energética justa
Los profesionales del Trabajo Social representan un actor clave para lograr esa conexión entre el ámbito energético y la realidad social. Se trata de una labor sostenida en gran medida por mujeres, cuyo compromiso y liderazgo han sido fundamentales para acompañar a las personas en situaciones de vulnerabilidad y convertir la intervención social en un apoyo cotidiano y accesible. Son quienes mantienen el contacto directo con las familias y quienes detectan diariamente situaciones de pobreza energética, convirtiéndose en el primer punto de apoyo y orientación.
Además, desempeñan un papel esencial en la gestión de los recursos existentes, tramitando el bono social y las ayudas municipales y facilitando que los derechos reconocidos en la normativa se traduzcan en soluciones reales para los hogares.
Sin embargo, pese a su conocimiento directo del impacto social de la energía, siguen estando poco presentes en los espacios donde se diseñan las políticas energéticas y climáticas. Integrar su experiencia no es solo una cuestión de reconocimiento profesional, sino una condición necesaria para que la transición energética sea verdaderamente justa y llegue a quienes más lo necesitan.
Debemos resaltar positivamente que, la propuesta ya aprobada por el Gobierno para la actualización de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE 26-30), avanza precisamente en esta dirección, incorporando el asesoramiento energético a consumidores y el impulso de las comunidades energéticas como herramientas de inclusión social.
En paralelo, el Plan Social para el Clima (PSpC), actualmente en preparación, pone el foco, entre otros, en implementar medidas e inversiones dirigidas a hogares vulnerables. Entre estas medidas podemos destacar la rehabilitación de edificios y la integración de la generación de renovables, sobre todo en comunidades energéticas.
Formación que conecta energía y acción social
En Penta-C ofrecemos cursos diseñados específicamente para profesionales de servicios sociales. Nuestra experiencia formativa demuestra que dotar de conocimientos energéticos a quienes trabajan o se interesan por la acción social tiene un impacto directo en su capacidad de intervenir frente a la pobreza energética.
El objetivo de estas formaciones es proporcionar herramientas prácticas sobre energía, eficiencia energética, factura eléctrica, bono social y comunidades energéticas, mejorando la atención y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
Los resultados hablan por sí mismos:
- El 91,3% del alumnado considera que el curso es de gran utilidad para su día a día.
- La calidad de la enseñanza ha sido valorada con un 4,8 sobre 5.
- Los contenidos más apreciados incluyen la factura eléctrica, el bono social y las comunidades energéticas, claves para la intervención social.
Estos resultados muestran que la transición energética también es una transición de conocimiento: comprender el sistema energético permite actuar con más eficacia y generar un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan.
En Penta-C estamos preparadas para que las trabajadoras sociales sean las protagonistas del cambio. Porque, como dice George Dei: «La inclusión no es esperar a que las personas lleguen a lo que ya existe, sino crear nuevos y mejores espacios para todas y todos».
¿Quieres formar parte del cambio? Contáctanos